De dónde veníamos, visto desde Canarias
La reforma de 2022 introdujo un límite de importe para exonerar deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Al nombrar expresamente a esos dos organismos, se extendió una lectura restrictiva: si la ley cita a la Agencia Estatal, todo lo demás queda fuera.
Esa lectura tuvo un efecto particular en las islas. Aquí una parte importante de la fiscalidad no la gestiona el Estado: el impuesto general indirecto canario, el IGIC, ocupa el lugar que en la Península ocupa el IVA, y lo recauda la Agencia Tributaria Canaria. Un autónomo con IGIC atrasado tenía, en la práctica, una deuda pública que nadie incluía en el análisis, no porque la ley lo dijera, sino porque el organismo acreedor no era el que la ley nombraba.
Lo mismo ocurría con las deudas municipales acumuladas durante años —impuesto sobre bienes inmuebles, tasas, el impuesto de vehículos— y con cualquier otra deuda autonómica.
Qué dijo el Tribunal Supremo
El 18 de febrero de 2026 la Sala Primera abordó de forma conjunta los límites a la exoneración del crédito público. De sus conclusiones, la que aquí importa es directa: no cabe distinguir según qué administración recaude. El régimen se aplica igual si el acreedor es la Agencia Estatal, una hacienda autonómica, una diputación o un ayuntamiento.
Junto a ella, otras dos conclusiones cambian el cálculo de forma apreciable:
- El límite se calcula frente a cada acreedor público por separado, no como un tope conjunto para toda la deuda pública. Quien debe a tres administraciones no comparte un único margen entre las tres.
- El crédito público subordinado queda fuera del límite. Los recargos de apremio y los intereses de demora son plenamente exonerables, sin tope.
Esa segunda idea suele ser la que más cambia el resultado en deudas antiguas, donde recargos e intereses han acabado representando una parte considerable del total.
Qué entra ahora en el análisis, en Canarias
Con ese criterio, pasan a formar parte del estudio deudas que antes se descartaban de entrada:
- IGIC atrasado y demás tributos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.
- Deudas municipales con cualquier ayuntamiento de las islas: IBI, tasas, impuesto de vehículos de tracción mecánica, plusvalía municipal.
- Deudas con cabildos y con otros organismos autonómicos.
- Recargos e intereses acumulados sobre cualquiera de las anteriores, que quedan fuera del tope.
Conviene una precisión sobre las multas, porque es la duda que sigue inmediatamente. Lo que la ley excluye de la exoneración son las multas impuestas en procesos penales y las sanciones administrativas muy graves. Una sanción administrativa que no tenga esa calificación no está en la lista de exclusiones y sigue el régimen del crédito público. Determinar en qué categoría cae una sanción concreta exige mirar la resolución que la impuso.
A quién le cambia esto de verdad
Sobre todo, a tres perfiles que hasta ahora se autoexcluían.
El autónomo que cerró. Es el caso más frecuente en las islas: actividad que no salió, IGIC y cuotas de autónomos atrasadas, y la convicción de que con deuda pública no hay nada que hacer. Esa convicción era razonable hace dos años; hoy no lo es.
El administrador de una sociedad que cerró. Cuando la deuda procede de un acuerdo de derivación de responsabilidad, antes se rechazaba de plano. El Tribunal ha precisado que la derivación no cierra la puerta por sí sola: solo la cierra si se acredita que trae causa de una conducta fraudulenta grave.
Quien arrastra recibos municipales de años. Una acumulación de IBI, tasas y recargos sobre una vivienda o un local puede alcanzar cifras notables, y estaba sencillamente fuera del análisis.
Qué documentación hay que pedir, y por qué
La utilidad práctica de todo lo anterior depende de un detalle contable que antes parecía irrelevante: separar el principal de los recargos y los intereses. Como el principal está sujeto a tope y lo subordinado no, esa separación decide qué parte puede exonerarse.
Lo que conviene reunir:
- Certificado de deuda de cada administración acreedora, por separado. La Agencia Tributaria Canaria, el ayuntamiento y el Estado emiten el suyo.
- Providencias de apremio y notificaciones, que son donde suele verse el desglose.
- Acuerdos de derivación de responsabilidad, si los hay, con su motivación.
- Cualquier aplazamiento o fraccionamiento concedido, y su estado.
Una advertencia final, de las que conviene repetir: la jurisprudencia en esta materia lleva años moviéndose y puede seguir haciéndolo. Lo que aquí se explica es el criterio del Tribunal Supremo a la fecha de actualización de este artículo, y no una previsión sobre ningún caso concreto.